L.O.P.D.

En vigor desde 1999, la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos) impone una serie de obligaciones legales a las personas físicas o jurídicas que posean ficheros de carácter personal.También desde 1999 se establece la obligación a las empresas de poner en marcha diversas medidas destinadas a garantizar la protección de dichos datos, afectando a sistemas informáticos, archivos de soportes de almacenamiento, etc.

El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear multas de hasta 600.000 €*.

La LOPD establece distintos niveles de seguridad en función de los datos personales guardados:

Nivel Básico
Nombre, apellidos, direcciones de contacto (físicas y/o electrónicas), teléfonos (fijos y/o móviles)
Nivel Medio
Comisión infracciones penales, comisión infracciones administrativas, información de Hacienda Pública, información de servicios financieros
Nivel Alto
Ideología, religión, creencias, origen racial, salud, vida

La gran mayoría de empresas guarda datos de sus clientes, proveedores, empleados… de forma que están sujetos al cumplimiento de la LOPD.

La LOPD dicta una serie de obligaciones (inscripción de los ficheros en el Registro General de Protección de Datos, redacción de documentos de seguridad, etc.) que, por desconocimiento, muy pocas empresas cumplen.

El desconocimiento de la ley no exime de ella. Disponer de datos de otras personas físicas o jurídicas conlleva una serie de obligaciones legales.

Desde nuestra Consultoría Jurídica le proporcionaremos el asesoramiento necesario para que cumpla con todos los requisitos exigidos por la LOPD.

* La Agencia de Protección de datos se autofinancia con las sanciones que impone

Infracciones e inspecciones

Las posible infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, estableciendo una gama de sanciones que van desde las 600 euros a los 600.000 euros.

A modo de ejemplo, podemos señalar que no dar de alta un fichero en la Agencia de Protección de Datos es sancionado con una multa mínima de 601 euros que puede llegar, según los casos, hasta los 60.000 euros.

La Agencia de Protección de Datos (APD) dispone de un cuerpo de inspectores que tienen la consideración de autoridad pública en el desempeño de sus funciones.

Las inspecciones de la Agencia pueden realizarse de oficio o a partir de una denuncia y se realizarán cada dos años, aunque las consultoras recomienda que se realice anualmente.